Abuelas, jardineros e incluso niños se encuentran en una base de datos de vigilancia del estado de Florida

Traducción por Aimée Barat

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Cuando un agente de la oficina del alguacil del condado de Manatee detuvo a Jean Gustave en septiembre, el haitiano de 45 años tenía Estatus de Protección Temporal (TPS), que legalmente lo protegía de ser detenido y deportado.

Matthew Blackwell, el agente que lo detuvo por una presunta infracción relacionada con la placa del vehículo, determinó posteriormente que no había causa probable. Gustave no fue arrestado ni acusado de ningún delito esa noche.

Sin embargo, las autoridades lo mantuvieron a orillas de la carretera en Bradenton mientras le tomaban una fotografía, recopilaban sus datos personales y los ingresaban en una base de datos administrada por el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE).

En toda Florida, se ha pedido a los agentes del orden que recopilen nombres, fotografías, direcciones y otros datos personales de personas que podrían estar en el país sin autorización y que introduzcan toda la información en una base de datos centralizada de vigilancia, como parte de sus funciones habituales.

La base de datos comenzó a funcionar en agosto de 2025, cuando Florida creó la Junta Estatal de Control Migratorio y amplió el papel de la policía estatal y local en la aplicación de las leyes de inmigración. El FDLE desarrolló el sistema de reportes para que las agencias locales registraran sus “encuentros con presuntos extranjeros no autorizados” en la base de datos, que desde entonces ha crecido hasta superar las 30,000 entradas.

Una revisión de la base de datos de vigilancia muestra que los agentes enviaron habitualmente los nombres de personas de quienes no pudieron confirmar ni siquiera datos básicos sobre su ciudadanía, incluidos los nombres de cientos de menores.

Debido a que se alienta a los agentes a reportar a personas de quienes simplemente sospechan que podrían estar indocumentadas, abogados y expertos en inmigración señalaron que el sistema corre el riesgo de incluir a personas con estatus legal. La gran mayoría tampoco tenía antecedentes penales.

Un guatemalteco de 36 años, que trabajaba para una empresa de mantenimiento de jardines. Un trabajador mexicano de la construcción, de 35 años, y una abuela nicaragüense de 52 años, que trabajaba para una empresa de pintura. La policía señaló que ninguno tenía condenas previas, ni siquiera por delitos menores. Los funcionarios de Florida solo han revelado públicamente fragmentos de la base de datos y no han respondido las preguntas de los periodistas sobre cómo se utiliza la información, durante cuánto tiempo se conserva ni con quién se comparte.

Sin embargo, mediante técnicas de extracción automatizada de datos de sitios web, los periodistas pudieron obtener del propio panel en línea del estado mucha más información de la que los funcionarios habían divulgado, ofreciendo así la visión más detallada hasta ahora del alcance del creciente sistema de vigilancia migratoria de Florida.

Lea más: Cómo recopilamos los datos para este reportaje

A lo largo de 10 semanas, Suncoast Searchlight, Florida Trident y WGCU recopilaron y descifraron los datos del panel de la Junta Estatal de Control Migratorio de Florida; analizaron más de 10,000 reportes consecutivos correspondientes a un período de cuatro meses y medio de encuentros individuales; observaron una parada de tránsito que se convirtió en una investigación migratoria; pasaron varios días sobre el terreno en las comunidades más afectadas; obtuvieron y revisaron registros públicos sobre la aplicación local de las leyes de inmigración; y entrevistaron a abogados de derechos civiles y a personas incluidas en el sistema.

Estos son algunos de los principales hallazgos:

• Florida no exige que las agencias verifiquen los datos antes de que los agentes los envíen. Además, las agencias han recibido millones de dólares en subvenciones para el control migratorio destinadas a tecnologías de vigilancia más amplias, como las cámaras Flock, como parte de una iniciativa vinculada al sistema de reportes.
• El operativo de vigilancia parece indiscriminado. Las autoridades locales y federales han prometido que sus objetivos de control migratorio son “lo peor de lo peor”. Sin embargo, en Florida, la gran mayoría de las personas con las que los agentes tuvieron contacto e ingresaron en la base de datos no eran delincuentes graves. Más del 80 % no tenía antecedentes penales.
• Los encuentros se han centrado en latinos en edad laboral. Las deportaciones y detenciones en Florida han separado de sus familias a quienes aportaban el principal sustento económico, y muchas de esas familias ahora tienen dificultades para pagar el alquiler, las facturas médicas e incluso los alimentos. Nueve de cada 10 personas incluidas en la base de datos son hombres. En muchos casos, las autoridades ni siquiera verificaron con ICE la ciudadanía de los sospechosos antes de añadir sus nombres a la lista.
• Se supone que solo los agentes capacitados por el gobierno federal deben realizar labores de control migratorio. Sin embargo, los registros muestran que las agencias policiales han permitido que agentes sin esa capacitación retengan a personas al borde de la carretera para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), una práctica que, según abogados, es ilegal.

“La idea de que un agente del orden pueda indagar sobre el estatus migratorio de alguien y luego llegar a algún tipo de causa probable o a una sospecha razonable de que esa persona puede ser expulsada del país es realmente descabellada”, dijo Paul Chavez, abogado de derechos civiles y director de litigios de Americans for Immigrant Justice.

El panel de control migratorio de Florida solo ofrece una visión parcial de las acciones de control en general: no incluye, por ejemplo, operativos realizados por ICE en el estado sin la participación de las agencias locales. Tampoco muestra si al final las personas fueron deportadas. Además, la policía no siempre presenta la información con rapidez, como ocurre con la Patrulla de Carreteras de Florida, que encabezaba el estado en encuentros migratorios antes del 30 de junio, pero desde entonces no ha actualizado sus datos. Lo que sí ofrece la base de datos es una mirada al enorme esfuerzo de Florida por aplicar las leyes de inmigración a nivel de la calle y a quienes va dirigido ese esfuerzo.

El FDLE no respondió a las solicitudes de entrevista ni a las preguntas enviadas por correo electrónico sobre la base de datos. Ante una consulta sobre la base de datos, ICE remitió a los periodistas al FDLE.

Meses después de su encuentro con agentes de la oficina del alguacil del condado de Manatee, el teléfono celular de Gustave estaba sin servicio. Un periodista fue a buscarlo al parque de casas móviles de Bradenton donde, según los registros, vivía: un extenso terreno de grava con filas de casas móviles muy juntas. Nadie respondió a la puerta. Un vecino llegó en su automóvil y, cuando le preguntaron por Gustave, dijo que ya no estaba allí. Había sido deportado.

Por qué el FDLE creó la base de datos + antecedentes del programa 287(g)

Uno por uno, funcionarios de las fuerzas del orden de toda Florida se conectaron a una videoconferencia un jueves por la tarde a finales de agosto de 2025. Ya eran casi 100 cuando Melissa Bujeda, funcionaria del FDLE que coordinaba parte del trabajo migratorio del estado, comenzó a explicarles la nueva tarea que Florida quería encomendarles.

Podría ser ‘engorroso’”, advirtió.

Además de su carga de trabajo habitual, dijo a los miembros de la Asociación de Jefes de Policía de Florida que todas las agencias del orden, desde la policía universitaria hasta la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre del estado, tendrían que documentar minuciosamente sus esfuerzos de control migratorio en virtud de una ley de Florida aprobada a principios del año pasado.

Cada vez que un agente se encontrara con una persona de quien simplemente sospechara que carecía de estatus legal en Estados Unidos, tendría que fotografiarla y registrar información clave, incluida la dirección de su domicilio, la marca y el modelo de su vehículo, su número de teléfono y su empleador.

Para cuando Bujeda hizo su presentación, cuya grabación obtuvieron los periodistas, los agentes ya habían reportado más de 400 encuentros desde el lanzamiento preliminar de la base de datos a comienzos de ese mes. Sin embargo, el FDLE planeaba ampliar el sistema, lo que obligaría a las agencias de todo el estado a presentar reportes, requisito previo para recibir fondos especiales de subvenciones destinados al control migratorio. Bujeda enfatizó que el Estado quería facilitar al máximo el envío de reportes por parte de los agentes locales.

Con solo hacer clic en un botón, dijo, las entradas se “envían inmediatamente a nuestra base de datos”, sin necesidad de revisión por un supervisor.

El formulario de envío establece que un agente solo necesita una “sospecha razonable” de que alguien podría estar ilegalmente en el país para introducir su nombre, la fotografía y los datos personales en la base de datos estatal, sin que otra persona verifique la información ni el fundamento para incluirla. Incluso cuando las agencias no tienen ningún encuentro, deben presentar reportes mensuales.

“No quieren tener ceros”, dijo el alguacil de Pinellas, Bob Gualtieri, miembro de la Junta Estatal de Inmigración, durante otra presentación estatal ante las agencias del orden de Florida en septiembre de 2025. “No quieren ser esa agencia que permanece meses inactiva [con] ceros en las investigaciones migratorias”. Añadió que cualquier funcionario que violara la nueva ley “está sujeto a medidas por parte del gobernador, incluida una posible suspensión del cargo”.

El sistema de reportes es una extensión de las amplias alianzas de Florida entre las agencias locales del orden e ICE en el marco del programa 287(g) de ICE. El programa, llamado así por una sección de la ley federal de inmigración, permite a las agencias estatales y locales ejercer funciones migratorias limitadas, principalmente en cárceles. Sin embargo, el modelo de “grupo de trabajo” de la agencia permite que funcionarios locales que hayan completado la capacitación federal realicen labores de control migratorio en las calles.

Bajo el gobernador Ron DeSantis, Florida ha adoptado el programa de manera más agresiva que quizá cualquier otro estado del país, con más de 9.000 “agentes de inmigración designados” acreditados por ICE en todo el estado.

Sin embargo, los registros muestran que el alcance de la ofensiva migratoria del Estado va más allá de esos agentes capacitados por el gobierno federal, mediante políticas que incluso permiten que agentes sin capacitación retengan a personas en nombre de ICE y sanciones para las agencias que no cumplan.

En el condado de Pinellas, por ejemplo, Gualtieri emitió un memorando a sus agentes en febrero de 2025 en el que señalaba que, si durante una parada de tránsito un agente se encuentra con una persona que coincide con alguien que tiene una orden de ICE, puede “solicitar que un agente de ICE acuda al lugar para arrestar a la persona” y esperar hasta una hora a que lleguen los agentes federales.

Gualtieri envió el memorando a 10 jefes de policía del condado de Pinellas.

Una política actualizada, emitida por la oficina de Gualtieri siete meses después, aclara que ICE o un agente local capacitado debe responder “inmediatamente” cuando un agente no acreditado llama. Cuando un periodista se comunicó con él, Gualtieri se negó a responder preguntas específicas sobre la práctica.

Una orientación similar, compartida con policías de todo el estado por la Asociación de Jefes de Policía de Florida, establece que los agentes que no ejercen funciones migratorias pueden retener a personas que determinen que tienen una orden de ICE durante un período “determinado por su respectiva agencia”.

Abogados y expertos en asuntos policiales dijeron a Suncoast Searchlight que es ilegal que agentes no autorizados por el gobierno federal prolonguen una detención de tránsito para retener a personas para ICE.

“No es legal porque la aplicación de las leyes de inmigración corresponde plenamente al ámbito del gobierno federal”, dijo Chavez, de Americans for Immigrant Justice.

Un agente no acreditado que “retenga a alguien por motivos migratorios actúa de manera totalmente ilegal”, dijo. “No se puede detener a alguien en una parada de tránsito y luego retenerlo más allá del momento en que, de otro modo, habría sido puesto en libertad”.

Lo peor de lo peor

El 20 de octubre, la exsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se situó frente a una mesa en una oficina federal de campo en Bradenton, cubierta de armas y bolsas de polvo blanco. Detrás de la exhibición había dos fotografías de hombres presuntamente arrestados por homicidio y por incesto.

“Hoy quiero hablar directamente al pueblo estadounidense y recordarles que estamos enfocados en lo peor de lo peor”, dijo Noem. “Ya no vamos a permitir que estas personas aterroricen nuestras calles ni que conviertan en víctimas a las familias que viven en este país”.

Sin embargo, una revisión del panel de control migratorio de Florida contradice esas afirmaciones. En los casi cinco meses de datos revisados por los periodistas, 8 de cada 10 encuentros de la policía local involucraron a personas sin antecedentes penales conocidos. Incluso algunos funcionarios de Florida han expresado preocupación por el impacto de los arrestos migratorios en miembros de la comunidad que respetan la ley.

Las personas que están “viviendo el sueño americano son muy productivas y hacen el bien en este país; deberían tener una vía clara hacia un estatus legal”, dijo el alguacil del condado de Polk, Grady Judd, durante una reunión del Consejo Estatal de Control Migratorio a principios de este año.

Las redadas de agentes federales en lugares de trabajo y los operativos en vecindarios, según algunos miembros del consejo, podrían afectar a demasiadas personas. La mayoría de quienes aparecen en la base de datos de Florida tienen dos cosas en común: están en edad laboral y aproximadamente el 90 % son hombres.

La detención y deportación de hombres que trabajan se han vuelto tan generalizadas en el condado de Lee que voluntarios locales se han organizado específicamente en torno al problema. Sigfredo Hernández, un jubilado de la zona, ha ayudado a movilizar voluntarios en Bonita Springs para apoyar a mujeres cuyas parejas han sido detenidas o deportadas, un grupo al que él llama “viudas de ICE”. La pérdida repentina de los ingresos de un miembro trabajador de la familia ha dejado a muchas de ellas con dificultades para conseguir vivienda o incluso los alimentos que sus familias necesitan para sobrevivir.

“Si se llevan a quien sostiene económicamente a la familia”, dijo Hernández, “pasas de tener [algún] ingreso a cero en un instante”.

Nancy, madre de dos hijos, se mudó con ellos a una casa móvil de un dormitorio después de que su esposo fuera detenido y deportado a Honduras.

“Con este cheque compraré pañales y comida”, dijo Nancy, quien pidió a los periodistas que no publicaran su apellido por temor a correr la misma suerte que su esposo. Hizo una pausa y abrió la puerta de su congelador, que estaba vacío salvo por dos trozos de pollo congelado. “No tenemos nada”.

El grupo comunitario ha comenzado a entregar cheques directamente a las mujeres mediante un programa informal que, según Hernández, ha despertado tanto interés que los voluntarios han tenido que considerar a quiénes darles prioridad.

“Tenemos que decidir cómo vamos a distribuir el dinero”, dijo Hernández. “Algunas familias tienen mayores necesidades que otras, por ejemplo, si tienen bebés y la madre no puede trabajar”.

Preocupaciones por la discriminación racial

Defensores de los derechos civiles advierten que los operativos migratorios de Florida han abierto la puerta a abusos al permitir que los agentes recopilen información de personas a quienes simplemente sospechan que carecen de estatus legal.

Las autoridades federales abandonaron el modelo de grupo de trabajo en todo el país en 2012, en medio de denuncias generalizadas de discriminación racial, especialmente en el condado de Maricopa, Arizona, donde el exalguacil Joe Arpaio enfrentó múltiples demandas en las que se determinó que su oficina había discriminado a latinos y violado las protecciones de la Cuarta Enmienda contra registros e incautaciones sin orden judicial.

En una sentencia de 2013, un juez federal determinó que la oficina de Arpaio había utilizado “las paradas de tránsito como pretexto”, patrullando vecindarios latinos para detener a personas que los agentes creían que podían carecer de estatus legal.

Implementar las reformas ordenadas por los tribunales a raíz de esos litigios le ha costado al condado de Maricopa más de 300 millones de dólares de los contribuyentes. Observadores señalan que la reactivación generalizada del modelo de grupo de trabajo durante el segundo mandato del presidente Trump podría generar responsabilidad legal para las agencias locales del orden de todo el país que participen.

Amy Godshall, abogada de derechos de inmigrantes de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) de Florida, dijo que cree que eso ya ocurre en el estado. Una revisión de la base de datos muestra que la policía de Florida con frecuencia no puede confirmar datos básicos sobre las personas que reporta.

En casi 330 casos durante el último año, los agentes indicaron que desconocían el país de origen de las personas cuyos nombres fueron cargados y, en cerca del 40 % de los casos revisados por los periodistas, los agentes dijeron que no habían confirmado con ICE la ciudadanía de los sospechosos.

A través de un programa de observadores legales que la organización administra junto con otros grupos de derechos civiles del estado, Godshall ha recibido decenas de denuncias de discriminación por parte de policías y agentes de oficinas del sheriff que utilizan el modelo de grupo de trabajo 287(g).

“Detienen a las personas por motivos de tránsito que sirven de pretexto y luego los agentes les hacen preguntas sobre inmigración y llaman a ICE para decir: ‘Oye, ICE, ¿quieres a esta persona?’”, dijo Godshall. En algunos casos, ha sabido de personas retenidas al borde de la carretera durante más de una hora mientras los policías esperan a que intervengan los agentes federales.

“Los derechos de las personas están siendo vulnerados de diversas maneras durante la aplicación de estos acuerdos 287(g)”, dijo.

ICE no respondió a preguntas sobre cómo protege la agencia contra la discriminación racial en su programa de grupos de trabajo 287(g).

Godshall atribuyó el problema, en parte, al nivel de capacitación que reciben los agentes locales al obtener la certificación para realizar labores de control migratorio bajo el modelo de grupo de trabajo. En comparación con los agentes federales, la policía local tiene conocimientos jurídicos y experiencia más limitados y, durante la segunda administración de Trump, el Departamento de Seguridad Nacional ha acelerado la capacitación de los agentes locales.

El modelo de grupo de trabajo “históricamente requería una amplia capacitación presencial en Charleston, Carolina del Sur”, según una presentación que Gualtieri preparó para el Consejo Estatal de Control Migratorio de Florida. Ahora está disponible a través de un programa en línea de 40 horas.

Más dinero, más vigilancia

Entre los más de 23 millones de personas que viven en Florida, los datos del censo sugieren que los inmigrantes indocumentados representan alrededor del 5 % o menos. Sin embargo, los esfuerzos para intensificar las medidas contra las personas sin estatus legal en Florida podrían tener consecuencias de mayor alcance, a medida que las agencias obtienen millones de dólares en subvenciones para el control migratorio destinadas a tecnologías de vigilancia como cámaras Flock, escáneres oculares y herramientas de inteligencia artificial.

Durante la ronda más reciente de financiamiento estatal para el control migratorio, realizada en junio, 25 agencias locales recibieron fondos para adquirir el software Peregrine, una herramienta de análisis de datos impulsada por inteligencia artificial y basada en el modelo de la controvertida empresa de vigilancia Palantir. En su solicitud de fondos estatales, funcionarios del condado de Marion escribieron que Peregrine permitiría a los agentes realizar “búsquedas rápidas en distintas bases de datos para crear perfiles de personas mediante el acceso a datos personales de fuentes públicas y privadas”.

Peregrine ha afirmado que mantiene estrictos protocolos de seguridad para proteger los datos que recopilan las agencias, pero los defensores de las libertades civiles advierten que la tecnología podría erosionar la privacidad de las personas.

La ciudad de Pensacola recibió fondos para capacitar a agentes en el uso de Cellebrite, una empresa especializada en la extracción de datos de dispositivos, como teléfonos celulares. Otras agencias recibieron fondos para escáneres de iris, lectores automatizados de placas de vehículos y torres móviles de vigilancia.

El condado de Lee, que ha reportado más encuentros que cualquier otra agencia local, también ha recibido más fondos: más de 10 millones de dólares en subvenciones estatales.

Lauren Bonds, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro National Police Accountability Project, dijo que incluso las personas con estatus legal, o que ni siquiera son inmigrantes, deberían prestar atención a los esfuerzos de vigilancia en Florida, incluida la base de datos del FDLE.

“Es difícil”, dijo Bonds, “con cualquiera de estos tipos de vigilancia, mantenerla realmente limitada a inmigrantes y personas que no son ciudadanas, porque es demasiado amplia”.

“Este tipo de señalamiento y clasificación descarados de las personas”, añadió, refiriéndose a la base de datos de Florida, “no es algo que habría esperado ver en Estados Unidos”.