Mujer es blanco de estafa en Sarasota mientras aumentan fraudes migratorios en el país

Traducción por Aimée Barat

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Un año después de cruzar la frontera hacia Estados Unidos, Fabiola, una madre soltera de 33 años, envió un mensaje al hombre que había contratado para representarla ante la corte de inmigración, preguntando por el estado de su caso de petición de asilo. La respuesta que recibió fue un mensaje de voz con un tono muy airado.

“Usted sabe muy bien que yo la asistí en su caso de asilo”, dijo el hombre en español en la grabación de marzo de 2025. “Usted es una persona que, déjame decir, es muy desagradecida”, agregó.

Fabiola, residente del sur del condado de Sarasota, quien pidió a Suncoast Searchlight que no publicara su apellido por temor a ser blanco del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (conocido como ICE por sus siglas en inglés), escuchó el mensaje con incredulidad. ¿Qué tipo de profesional del derecho regaña así a su propio cliente?

Resultó que Benjamín Gonzales, quien afirmaba especializarse en derecho migratorio y presumía de tener contactos de alto nivel en el gobierno federal, al parecer, no era abogado en absoluto.

Durante una entrevista en español, Fabiola le aseguró a Suncoast Searchlight que Gonzales nunca le brindó los servicios legales que le había prometido. Tampoco tenía idea de quién era realmente el supuesto abogado: ¿vivía en Estados Unidos? ¿En Sudamérica? ¿Era un individuo o un grupo de estafadores que se encondía detrás de identidades falsas? No tenía forma de saberlo.

Cuando Suncoast Searchlight llamó a un número asociado con Gonzales, un hombre respondió que era él, pero colgó cuando una reportera comenzó a hacerle preguntas sobre su práctica profesional. Las preguntas enviadas a una dirección de correo electrónico vinculada a Gonzales tampoco recibieron respuesta.

En medio de la amplia ofensiva migratoria del presidente Donald Trump, abogados advierten que aumentan las estafas que buscan aprovecharse de inmigrantes vulnerables, con promesas de una vía rápida hacia un futuro seguro en el país. Algunos estafadores promueven sus servicios en redes sociales; otros contactan directamente a posibles víctimas y ofrecen trámites acelerados para permisos de trabajo, residencia permanente e incluso la ciudadanía.

Estas estafas pueden acabar con los ahorros de los inmigrantes y, además, poner en riesgo sus casos migratorios al presentar formularios falsos o simplemente no prestarles ningún servicio. Avances tecnológicos, como imágenes o audios generados por inteligencia artificial, han hecho que los fraudes migratorios en internet resulten aún más convincentes.

Según investigadores de fraude, este tipo de estafadores suele ser muy difícil de rastrear. “Es un verdadero desafío”, dice Chelsea Binns, experta en fraudes y profesora asociada del John Jay College of Criminal Justice en Nueva York. “Por la naturaleza del delito, realmente no se sabe dónde están estas personas”.

Fabiola se fue de Puebla, México, a Estados Unidos en 2024, huyendo de su esposo, quien, según ella, abusaba físicamente de su hija, hoy de siete años. Describe a su expareja como una persona con vínculos políticos, por lo que no confiaba en que las autoridades de su país pudieran protegerla.

Sabía que contar con representación legal sería clave para tramitar su solicitud de asilo: menos de la mitad de los casos de asilo son aprobados por las cortes migratorias de Estados Unidos, y la cifra es aún menor cuando no se cuenta con la ayuda de un abogado. A diferencia del sistema penal, el gobierno no está obligado a proporcionar representación legal ante los tribunales de inmigración. Fabiola dice que se desanimó cuando un abogado le pidió 5.000 dólares solo para representarla en su primera audiencia.

Después de gastar sus ahorros en la travesía hacia Estados Unidos junto a su hija, Fabiola, quien ahora trabaja en la construcción, apenas lograba cubrir sus gastos básicos. “Me dije que no, no podría”, pensó al considerar el costo de los honorarios.

Junto a su jefe y una amiga del trabajo, buscó en internet una alternativa más económica. Entonces apareció una esperanza: un anuncio en Facebook de un despacho llamado Migración Latina, que aceptaba nuevos clientes, incluidos solicitantes de asilo como ella. “Vimos ese anuncio y lo que hago es mandar la solicitud para que me diera información”, cuenta Fabiola.

A diferencia de otros despachos que había contactado, Benjamin Gonzales, quien se identificó como abogado, respondió casi de inmediato y le explicó rápidamente un supuesto proceso para acelerar su caso de asilo, gracias a relaciones que decía tener con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. “Lo primero que me dijo fue que era un abogado ‘prepagado’ y a bajo costo”, recuerda Fabiola.

Según Fabiola, el hombre, a quien describió como excesivamente entusiasta, le pareció “un poco extraño”, pero aun así siguió adelante. Le envió documentos de su caso, incluida información sensible sobre su hija, y le transfirió un pago inicial de 420 dólares. Luego, él le dijo que podría ayudarla a obtener un permiso de trabajo por un costo adicional de 350 dólares.

Sin embargo, Fabiola empezó a sentir que algo no estaba bien. Nunca había conocido a Gonzales en persona y él se comunicaba en exceso, enviándole mensaje tras mensaje por WhatsApp. Finalmente, decidió no enviarle más dinero.

Según ella, Gonzales le dijo en una conversación: “Yo veo que usted es más desconfiada” y, como supuesto gesto de buena fe, se ofreció a cobrarle solo después de ayudarla con el permiso de trabajo. Además, le aseguró que haría todo lo posible para agilizar el proceso.

Poco después, Fabiola recibió un correo electrónico aparentemente oficial que parecía haber sido enviado por un empleado del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés). El mensaje era una citación para una primera entrevista virtual el 26 de marzo, con el fin de evaluar su elegibilidad para el asilo. Fabiola confirmó de inmediato que se presentaría. El día de la entrevista, no llevó a su hija a la escuela para que también participara en la videollamada.

“Yo me vestí, arreglé la casa… todo. Yo dije: yo no quiero ninguna falla”, cuenta Fabiola. Durante la entrevista, habló con una persona que decía ser juez, quien le hizo preguntas sobre su familia y los motivos por los que se fue de México. Lo más extraño fue que pidió que ella y la niña levantaran la mano frente a la cámara para capturar sus huellas dactilares.

A pesar de las sospechas que había tenido sobre Gonzales, todo parecía real. “Todo estaba tan perfecto”, asegura Fabiola. “Vi que tenía la bandera de Estados Unidos; vi el tribunal; yo no desconfié lo más mínimo”.

Después, Gonzales le informó que el costo total sería de 1.500 dólares, más de cuatro veces lo que le había dicho inicialmente. Le advirtió que si no pagaba en un plazo de 24 horas, su caso de asilo sería cerrado y podría ser deportada.

Luis Castro, abogado de inmigración en Bradenton a quien Fabiola contactó posteriormente, explicó a Searchlight que la tarifa máxima para solicitar un permiso de trabajo es de 520 dólares.

Por qué muchas víctimas no denuncian las estafas

En retrospectiva, Fabiola siente que se burlaron de ella. El supuesto juez le hizo preguntas invasivas y ahora la experiencia le resulta humillante.

Chelsea Binns explica que es común que las personas estafadas sientan una profunda vergüenza, aunque no deberían sentirla, porque hicieron lo mejor que pudieron en ese momento. No es culpa de la víctima.

El caso de Fabiola no es aislado. Impostores que se hacen pasar por abogados de inmigración han infestado el sistema judicial migratorio durante años. En algunos casos, notarios actúan de mala fe y aceptan dinero para presentar trámites, como solicitar asilo cuando un cliente ha estado en el país demasiado tiempo como para calificar. Como en América Latina los notarios públicos son profesionales con una amplia formación jurídica, algunos notarios en Estados Unidos, que no son abogados, se aprovechan de la semejanza en la traducción del término para ofrecerles a inmigrantes de esos países servicios que, en realidad, no están capacitados para ejercer.

En 2011, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) lanzó una iniciativa contra ese tipo de fraude. Una página web gubernamental archivada describía sus esfuerzos para “detener las estafas UPIL [prácticas no autorizadas de la ley de inmigración] y enjuiciar a quienes sean responsables; educar a los inmigrantes sobre estas estafas, cómo evitarlas e informarles sobre el proceso legal de inmigración y dónde encontrar asesoría y representación legal legítima”.

“Lo que hemos visto más recientemente es un cambio real en la forma en que adoptan las estafas y los fraudes”, afirma Adonia Simpson, subdirectora de política y servicios pro-bono en la Comisión de Inmigración de la American Bar Association (Asociación Americana de Abogados). “Están aprovechando las redes sociales y la tecnología… hemos empezado a ver más casos de fraudes más sofisticados, en los que las personas reciben lo que parecen ser notificaciones legítimas de entrevistas y aprobaciones del gobierno de Estados Unidos.”

Algunos estafadores simplemente desaparecen con el dinero, explicó Simpson. Otros pueden decirle a la víctima que le han conseguido una tarjeta de residencia o un permiso de trabajo, lo que lleva a los inmigrantes a abandonar, sin saberlo, sus casos de inmigración y terminar con órdenes de deportación.

Es una trampa en la que Fabiola admite que fácilmente podría haber caído. Después de la falsa entrevista, buscó un número oficial del Departamento de Seguridad Nacional y llamó para confirmar que su permiso de trabajo había sido procesado y aprobado.

“No tenemos ninguna solicitud de empleo”, dice Fabiola que le respondieron. Además, si hubiera tenido que pagar algo, no le habrían pedido que enviara el dinero por transferencia bancaria.

El abogado Luis Castro explica que, aunque la documentación que envían los estafadores con logotipos de agencias federales “parece legítima si no sabes qué buscar”, al examinarla con cuidado se nota el uso incorrecto de mayúsculas, entre otros errores ortográficos, o la presencia de palabras en español, cuando es obligatorio que todos los documentos del gobierno estén escritos en inglés.

En su oficina, Castro le mostró a Searchlight un ejemplo de una carta falsa que supuestamente había sido firmada por un funcionario del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) llamado Carlos Enrique García Leighton. La firma era, en realidad, una copia del autógrafo del difunto actor de cine John Wayne.

Es difícil obtener datos precisos sobre cuán extendidas están estas estafas o cuánto dinero han perdido las víctimas. Muchos indocumentados temen a las autoridades, lo que desalienta las denuncias, ya que, por ejemplo, todos los departamentos de policía de Florida están autorizados para realizar acciones de control migratorio en colaboración con ICE.

“Los estafadores buscan a personas que no van a reportar esas cosas”, asegura Carlos Verdoni, detective de la Oficina del Alguacil del Condado de Sarasota. “La mayoría de los inmigrantes no van a llamar a la policía y decir: ‘Oye, estoy aquí ilegalmente y voy a presentar un informe’. Eso simplemente no sucede.”

Al mismo tiempo, la ofensiva migratoria de Trump y el temor creciente entre los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos han contribuido a fortalecer un entorno propicio a los fraudes en los servicios de inmigración.

La Asociación Americana de Abogados emitió una alerta en agosto, advirtiendo que ese tipo de estafas está en aumento y atribuyendo la tendencia a las “acciones de control cada vez más estrictas” y a “impostores malintencionados… que buscan aprovecharse de comunidades inmigrantes que desesperadamente buscan asistencia legal”.

En noviembre, el fiscal general de Carolina del Norte, Jeff Jackson, emitió un aviso similar e instó a las personas a reportar estafas a la línea directa estatal contra el fraude, asegurando que el estado no las penalizaría ni pondría en riesgo su caso de inmigración por proporcionar información voluntariamente.

“Cuando las familias buscan ayuda migratoria, merecen respuestas reales de profesionales reales”, dijo Jackson en un comunicado. “Estas estafas hacen todo lo contrario: engañan a las personas y se llevan su dinero.”

La oficina del fiscal general de Florida, James Uthmeier, no respondió los correos electrónicos de Suncoast Searchlight solicitando información sobre fraudes en servicios de inmigración en Florida.

A diferencia de muchas víctimas, Fabiola se retiró a tiempo, antes de quedarse sin un centavo o de perder su caso de asilo. Ahora tiene una audiencia oficial en marzo, a la que asistirá con un abogado legítimo si logra reunir los 7.000 dólares que cuesta la representación.

“La verdad es que estoy frustrada, decepcionada, porque no era lo que yo esperaba”, dijo Fabiola. “Afortunadamente me pude dar cuenta”.

Alice Herman es una periodista investigativa de Suncoast Searchlight. Póngase en contacto con Alice mediante el e-mail alice@suncoastsearchlight.org.

Kara Newhouse era una periodista investigativa de datos de Suncoast Searchlight.