Ella pagó su fianza. ICE lo atrapó. La odisea de una familia de Bradenton demuestra cómo las cárceles en Florida alimentan la ola de deportaciones.

Traducción por Aimée Barat

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En la madrugada del 12 de julio, Oscar Romero Santos conducía su camioneta Ram roja hacia la casa que compartía con su esposa en Bradenton. Al doblar en su calle, un policía del condado de Manatee lo siguió.

Cuando Romero Santos se estacionó en la entrada, el oficial encendió las luces de emergencia. Él se bajó de la camioneta y caminó rápido hacia su casa, relató después en español a Suncoast Searchlight.

“Entonces fue por otro lado del carro corriendo y ahí me puso las esposas en la mano”, contó.

Adentro, su esposa Sheysa Romero Santos dormía, sin saber lo que estaba ocurriendo en la puerta de su casa, ni que esa sería la última vez en mucho tiempo que estaría tan cerca de su marido.

Hasta que Romero Santos llamó desde la cárcel, su esposa no supo lo que había pasado. Ella corrió a la corte y pagó 650 dólares de fianza por cargos menores de conducir sin licencia y obstrucción a la justicia sin violencia, convencida de que así lo traería de vuelta a casa. En cambio, la Agencia Federal de Inmigración (ICE por sus siglas en inglés) lo tomó bajo custodia y en cuestión de semanas fue deportado a Honduras.

Romero Santos es uno de los miles de inmigrantes que ICE ha detenido este año en cárceles locales de Florida, cumpliendo el plan de deportación masiva del presidente Donald Trump. Muchos como él fueron arrestados por la policía local o estatal y legalmente se les considera inocentes porque aún no han sido juzgados.

El riesgo es alto.

Una simple parada de tráfico o un arresto por delito menor puede convertirse en una vía rápida hacia la deportación, lo que implica la separación de las familias, la interrupción de empleos y negocios, y dejar los casos sin resolver en los tribunales locales. 

Suncoast Searchlight pasó más de un mes analizando datos locales y nacionales para entender el alcance de esta práctica. Los reporteros revisaron registros de ICE y de las cárceles municipales y de condado, además de entrevistar a abogados defensores y a una de las familias afectadas. Los hallazgos muestran cómo arrestos de rutina pueden desencadenar una avalancha de consecuencias mucho más allá del cargo original. Entre ellos:

• En Florida, el mecanismo que lleva de una cárcel a la expulsión del país es uno de los principales motores de la estrategia de deportación masiva de Trump. Arrestos rutinarios, incluso por cargos menores, se han convertido en la vía más frecuente hacia la custodia de ICE en el estado.
• El sistema afecta mayormente a personas sin antecedentes graves. Menos de la mitad de los detenidos y deportados tenía condenas, y de los que sí, la mayoría fueron por delitos no violentos.
• Algunos deportados nunca llegan a tener su día en la corte. Los casos de quienes ICE detiene tras pagar su fianza se quedan sin resolver. Estos casos a veces se convierten en órdenes de arresto, ya que los acusados, ​​legalmente considerados inocentes, no pueden comparecer ante el tribunal.
• El proceso crea un embrollo burocrático para los tribunales y los abogados defensores. Una vez que alguien es trasladado entre los centros de ICE o deportado, los tribunales locales suelen perderles el rastro.

El sistema funciona con un mecanismo rutinario: tras un arresto, los departamentos de policía comparten con agencias federales la información de los detenidos, incluidas las huellas dactilares. ICE usa esos datos para identificar a posibles indocumentados y emite una orden de “detención” o “retención” a la oficina del alguacil.

Si existe una retención de ICE cuando el detenido está por ser liberado —ya sea por cumplir su condena o por pagar la fianza—, la oficina del alguacil debe mantenerlo detenido 48 horas más. En ese tiempo, agentes de ICE pueden presentarse en la cárcel para llevárselo bajo cargos civiles de inmigración.

Esta táctica permite a la agencia federal “usar las cárceles como una red para atrapar a personas indocumentadas”, asegura Wanda Bertram, estratega de comunicación en Prison Policy Initiative, un centro de investigación y defensa enfocado en la reforma de justicia penal.

“Para ICE es como disparar a peces en un barril.”

La práctica no es nueva. El año pasado, durante la administración Biden, ICE emitió solicitudes a cárceles de Florida para que miles de personas quedaran detenidas después de su fecha de liberación. Pero en el segundo mandato de Trump, con el apoyo de autoridades estatales y locales, el uso de estas retenciones se disparó, transformando una herramienta burocrática en un engranaje clave de la estrategia de deportación masiva. 

El número de órdenes de retención emitidas en Florida desde la toma de posesión de Trump hasta finales de julio aumentó 142% en comparación con el mismo período del año anterior, según el análisis de Suncoast Searchlight de los datos federales publicados por Deportation Data Project. 

A nivel nacional, el alza fue de 65%.

“Me cayó como un balde de agua fría”, dijo Sheysa Romero Santos sobre el arresto y deportación de su esposo. “Todo lo que construimos pues, yo pensé, todo se derrumbó.”

Una vida construida en Florida fue deshecha en horas

Para Romero Santos, emigrar a Estados Unidos fue la última opción.

Cruzó la frontera con México en 2014 como solicitante de asilo. Miembros de una pandilla habían extorsionado a su familia y asesinado a su padre y a su tío, según relató después en una corte de inmigración. El miedo lo obligó a huir de San Pedro Sula, una ciudad en el noroeste de Honduras cuyo nombre se ha vuelto sinónimo de violencia sin freno.

Mientras su caso de asilo era procesado lentamente en el tribunal, Romero Santos rehízo su vida en Estados Unidos. Fundó una empresa de construcción especializada en revestimientos y exteriores y conoció a su esposa, Sheysa, quien se había mudado a Florida desde Puerto Rico una década antes. La pareja se estableció en Bradenton y tuvo dos hijos, que ahora tienen 4 y 6 años.

“Estuvo luchando”, afirma Sheysa, quien se describe como ama de casa. “Él solo, fue poco a poco, él solo se pudo comprar sus trocas, él solo pudo comprar los materiales, él solo hizo esto.”

Cuando el caso de asilo de Romero Santos llegó a juicio, no hubo dudas sobre la veracidad de su historia. La corte reconoció que había presentado pruebas sobre la situación de su familia en Honduras, incluidas las actas de defunción de su padre y su tío, como muestran los registros de la audiencia judicial en 2019.

Sin embargo, la corte le denegó su petición de asilo, argumentando que su temor al crimen y a la violencia de las pandillas no calificaba para recibir esa protección. Se emitió una orden de deportación y aunque Romero Santos apeló, esa petición también fue rechazada y cerraron el caso en 2022.

En lugar de salir del país, decidió quedarse. Había construido un negocio, un hogar y una familia aquí, y temía volver a Honduras.

Finalmente, ocurrió el arresto este verano. En el acta de causa probable, el agente que lo detuvo escribió que siguió la camioneta de Romero Santos al notar que invadió el carril contrario; le hizo la primera señal de alto cuando él entraba a su propiedad y lo vio intentar abrir la puerta de su casa pese a que le ordenó detenerse varias veces.

Lo que no aparece en el acta son los gritos de Romero Santos a su esposa, pidiendo una ayuda que ella no podía darle.

Fue recluido en la cárcel del condado de Manatee, donde esperaba que el pago de la fianza que hizo Sheysa lo liberara.

“Ella ya había pagado la fianza, le cobraron la fianza para salir yo”, cuenta Romero Santos. “Pero luego sacaron a los demás reos, y a mí me dijeron que no podía… que iba deportado.”

Habló con Suncoast Searchlight el 4 de septiembre por FaceTime desde la casa de su madre en San Pedro Sula, un mes después de su deportación. “Está bien difícil estar aquí. Bien difícil.” —dijo.

Más de una década después de haber huido al norte aún siente la amenaza de la violencia y asegura que por miedo a la delincuencia “no puede salir uno aquí.”

Aunque las redadas en lugares de trabajo han acaparado titulares en medio de la campaña de deportación masiva de Trump, lo que le pasó a Romero Santos es mucho más común, según muestra un análisis de datos de Suncoast Searchlight. Las cárceles de condado son el principal canal de ICE, tanto a nivel nacional como en Florida. Desde la investidura de Trump el 20 de enero, el porcentaje de arrestos de inmigrantes realizados de esta forma en el estado ha subido al menos un 42%. Y la cifra total es más del triple en comparación con el mismo período del año anterior.

El alguacil del condado de Sarasota, Kurt Hoffman, admitió que ha notado el aumento.

“Con el cambio de administración en Washington, ha habido un porcentaje mayor de esas personas detenidas”, afirmó. “A todos, salvo quizás unos pocos, ICE los ha recogido” durante las 48 horas de retención.

El condado de Sarasota ha tenido el mayor aumento de retenciones de ICE en la región desde el regreso de Trump al poder. Del 20 de enero a finales de julio, ICE emitió 173 órdenes de retención a la cárcel del condado, cuatro veces más que durante el mismo período del año anterior.

El dueño de Affordable Bail Bonds, una compañía de fianzas en Sarasota, Brent Klein, dijo que rechaza a posibles clientes cuando tienen una retención de inmigración. Es un mal negocio para él.

“Mi responsabilidad es que ellos se presenten en la corte”, explicó. “Si yo pago la fianza de alguien y después se lo llevan, digamos, a Miami, a Krome, o a otro centro de detención, esa persona pierde su cita en la corte. Y el condado quiere el dinero, en definitiva. Me pueden obligar a pagar la suma… no me dejan librarme de la fianza.”

En el pasado, comentó Klein, no siempre recogían a los acusados con retenciones migratorias después de pagar la fianza. Ahora, “parece que nadie está saliendo.”

Las deportaciones dejan casos penales sin resolver

Aunque los inmigrantes sean deportados, sus casos en las cortes locales —casi todos por delitos menores como manejar sin licencia o no registrar el vehículo— no desaparecen. Se quedan pendientes en el tribunal correspondiente, lo que implica un gasto de fondos públicos y obliga a sus familiares a lidiar con órdenes de arresto y multas que pueden seguir pesando sobre los acusados si alguna vez logran regresar a Estados Unidos.

Ed Brodsky, fiscal estatal del 12º Circuito Judicial, explicó que, si su oficina confirma “de manera definitiva” que un acusado ha sido deportado, puede considerar desestimar los cargos locales. Pero mientras los inmigrantes permanecen detenidos, no siempre está claro si finalmente serán deportados, ni dónde se encuentran, algo que preocupa cada vez más a los abogados y familias desde la vuelta de Trump a la Casa Blanca.

Mientras los indocumentados son trasladados de un centro a otro dentro del sistema migratorio, sus casos penales, que están pendientes en los tribunales locales, pueden convertirse en órdenes judiciales, dijo Brodsky. “Así, si regresan”, señaló, “entonces tienen que enfrentar ese cargo.”

La mayoría de esas órdenes provienen de “cargos muy menores”, explicó. Quienes enfrentan acusaciones más serias, por lo general, no salen bajo fianza y permanecen en la cárcel hasta que sean juzgados. En esos casos, si son hallados culpables, ICE no puede actuar hasta que cumplan su condena.

Brodsky indicó que, en su oficina, que cubre los condados de Sarasota, Manatee y DeSoto, los casos en los que alguien es deportado tras pagar fianza han sido pocos. 

El análisis de Suncoast Searchlight encontró que más de un tercio de los deportados por ICE en Florida desde que Trump volvió a Washington tenían procesos penales pendientes. Solo en el condado de Manatee, Searchlight encontró varios casos de personas que pasaron de la cárcel a la custodia de ICE y ahora tienen órdenes de arresto.

En el caso de Romero Santos, la corte del condado de Manatee programó la audiencia de presentación de cargos para el 20 de agosto, más de dos semanas después de su deportación a Honduras.
“No es justo”, dijo Sheysa, quien envió documentación de la deportación de su esposo antes de esa fecha.

En una carta que ella le escribió en julio al juez a cargo del caso, explicó que ICE se había llevado a su esposo y lo había deportado. “No quiero que tenga una orden en el futuro, ¿hay alguna manera de que pueda desestimar el cargo para él?”

La pareja presentó documentos que prueban que pasó por cinco centros de detención antes de que lo deportaran. Por su parte, Romero Santos envió después una carta, implorando que le asignaran un defensor público. “Solo quiero hacer las cosas bien y no tener una orden en el futuro”, escribió. “Muchas gracias por su tiempo.”

Sus cargos no han sido desestimados todavía. El 11 de septiembre el tribunal asignó su caso a la oficina de defensores públicos, que automáticamente presentó una declaración de “no culpable” de los dos cargos que pesan en contra de Romero Santos.

“Los tribunales y el sistema migratorio han hecho casi imposible comunicarnos con nuestro cliente”, denunció Larry Eger, defensor público del 12º Circuito Judicial, en entrevista con Suncoast Searchlight. Eger mostró los registros de ICE que Romero Santos presentó en la corte como evidencia de que fue trasladado de un centro a otro mientras estuvo bajo custodia de ICE.

“El calendario es increíble”, dijo Eger, refiriéndose a cómo ICE lo llevó a diferentes centros en un período de tiempo tan corto. “¿Dónde está? ¿En Luisiana? ¿En Georgia? ¿En Pinellas? Quién sabe.” 

“Tengo fe en Dios”

Una tarde de septiembre, Sheysa se sentó en la cocina de su casa de tres habitaciones, con un montón de papeles sobre la mesa y un celular que no paraba de sonar.

“Cuando lo agarraron a él, yo me volví loca”, contó. “Me dije, ¿cómo voy a hacer para pagar todo aquí? ¡Mis niños, estoy sola! ¿Qué voy a hacer? Y dije, no pues, voy a echarle para adelante.”

Así fue como decidió tomar las riendas del negocio de construcción de su esposo. Ahora ella hace los pedidos de materiales y los transporta en la camioneta a las obras. Atiende las llamadas de los trabajadores de la compañía. Y cuando surgen dudas que no puede responder, llama a Romero Santos para pedirle consejo.

“Siempre aquí estamos coordinando el negocio lo que había montado yo allá,” dijo él por FaceTime. “Gracias a Dios seguimos trabajando en conjunto, mi esposa y yo.”

Mantener unida a la familia es otra cuestión, más dolorosa y sin respuestas fáciles. La pareja contrató a un abogado de inmigración para ayudar a Romero Santos a regresar legalmente a Estados Unidos, pero ese proceso puede tomar años. Mientras tanto, Sheysa y los niños esperan con ilusión pasar la Navidad en Honduras. Ella ya compró los boletos de avión. Mientras que Romero Santos no pierde la esperanza de volver al país donde construyó su hogar.

“Yo tengo fe en Dios que sí (regresaré)”, afirmó. “Tengo fe en Dios.”

Kara Newhouse es una periodista investigativa de datos y Alice Herman es una periodista investigativa de Suncoast Searchlight, medio de comunicación sin fines de lucro del Community News Collaborative, que cubre los condados de Sarasota, Manatee y DeSoto. Póngase en contacto con Kara mediante el e-mail kara@suncoastsearchlight.org y con Alice mediante el e-mail alice@suncoastsearchlight.org.